Las ZBE cambian el 26 de noviembre: habrá que acreditar las multas de 200 €

El Gobierno ha endurecido los requisitos para que una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se considere correctamente implantada. A partir del próximo 26 de noviembre de 2026, los ayuntamientos tendrán que demostrar documentalmente que las restricciones de circulación están en vigor, que los sistemas de control funcionan y que aplican de forma efectiva las multas de 200 euros.

La entrada en vigor del Real Decreto 953/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, modifica el artículo 10.3 del Real Decreto 1052/2022. La nueva norma pretende evitar que existan zonas declaradas sobre el papel pero sin restricciones efectivas o con periodos transitorios de avisos que retrasen indefinidamente la imposición de sanciones.

Para acreditar la implantación, los municipios deberán presentar ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el órgano autonómico competente cinco elementos: la ordenanza municipal vigente (en el plazo de un mes desde su entrada en vigor), la prueba de que las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento se aplican según el potencial contaminante del vehículo, la acreditación de que los sistemas de vigilancia y monitorización están operativos, la conexión con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT, y la demostración de que el régimen sancionador funciona sin moratorias de simples avisos.

Ayuntamientos sin documentación pierden subvenciones y fondos europeos

El decreto no establece una suspensión general de las multas ni anula las sanciones ya impuestas. Tampoco introduce una clasificación ambiental diferente ni una prohibición estatal general para los vehículos con etiqueta B, C o sin distintivo: las limitaciones seguirán dependiendo de la ordenanza de cada ayuntamiento. Mientras no si reciba toda la documentación requerida, la ZBE no podrá considerarse correctamente implantada a efectos de esta regulación.

Si un ayuntamiento no demuestra la documentación exigida, su ZBE no se dará por implantada y se expondrá a consecuencias concretas: la pérdida de subvenciones estatales y europeas destinadas a la movilidad sostenible y al transporte público, el reintegro de los fondos NextGenerationEU recibidos para instalar cámaras si no acredita su funcionamiento real, y la situación de infracción respecto al artículo 14.3 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático, lo que habilita requerimientos administrativos o procedimientos contenciosos por parte del Estado.

El 26 de noviembre marca así el inicio de una nueva etapa para las ZBE en España, con mayores obligaciones de acreditación para los ayuntamientos, pero sin eliminar las restricciones que afectan a los vehículos más contaminantes. Para los conductores, la recomendación sigue siendo consultar las condiciones de acceso de cada municipio antes de circular por una zona restringida.