Romper un radar de la DGT cuesta 67.000 euros y puede llevarte 3 años a la cárcel
El vandalismo en Sevilla destapa las penas del artículo 263.2: uno a tres años de cárcel y 67.000 euros por el radar
Varios radares de la Dirección General de Tráfico han aparecido destrozados en los últimos días en los alrededores de Sevilla, según han confirmado las autoridades. Los autores, que grabaron y difundieron sus acciones en redes sociales, se enfrentan a penas de hasta tres años de cárcel y al pago de hasta 67.000 euros por cada aparato dañado.
Los ataques, registrados en las inmediaciones de la capital hispalense, siguieron distintos métodos: en algunos casos los vándalos ataron los radares con cuerdas a un vehículo para arrancarlos de su base, en otros los incendiaron y también se utilizaron herramientas hidráulicas para destrozarlos. La Guardia Civil ya trabaja para localizar a los responsables de estos actos vandálicos.
El marco legal es claro. Vandalizar un radar está calificado como delito en el artículo 263.2 del Código Penal, que contempla penas de uno a tres años de prisión y una multa de 12 a 24 meses. Esta última no es una cifra fija en euros, sino que se calcula en meses-cuota, por lo que el importe final dependerá de la capacidad económica del condenado.

La DGT reclama 67.000 euros por cada radar destrozado
Además de las penas de cárcel, los implicados deberán abonar el coste de reponer el radar. Según los datos de la DGT, un dispositivo fijo puede costar 67.000 euros, mientras que uno de tramo se sitúa en 66.000 euros. No se trata de una multa de tráfico al uso, sino de una reclamación de daños por la que el autor debe hacerse cargo íntegramente del valor del equipo.
Este tipo de sucesos no es nuevo. En febrero de 2025, Tráfico investigó la vandalización de siete radares repartidos entre Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, cuyo valor aproximado se acercaba al medio millón de euros.
Existe, eso sí, una distinción clave entre destrozar un radar a propósito y hacerlo de forma accidental como consecuencia de un accidente de tráfico. En este segundo caso, las responsabilidades dependerán de las circunstancias del siniestro y no se eleva necesariamente a la categoría de delito.

«Grabar la conducta y subirla a internet no es un agravante en sí mismo, pero sí tiene efectos importantes. El autor de los hechos está aportando una prueba contra sí mismo, algo que puede ser tomado por el juez como una exhibición, ese ánimo de que otros imiten, que podría provocar una sanción más alta»
Blanca Martín Ríos·abogada
La difusión de los vídeos en redes sociales, por tanto, puede empeorar la situación procesal de los detenidos, al proporcionar pruebas directas de los hechos y, según la interpretación judicial, un ánimo de exhibición que agrave la pena.

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